Christine Lagarde se ve envuelta en una controversia al cuestionar el papel de los representantes del personal del BCE? En Frankfurt, el clima laboral se ha vuelto tóxico. Por primera vez, miembros de la institución denuncian públicamente prácticas internas consideradas autoritarias en un banco que supuestamente encarna los principios de transparencia y estado de derecho.
Un conflicto interno que se convierte en político
Una explosiva carta enviada a Christine Lagarde por Carlos Bowles, presidente del comité de personal, acaba de hacerse pública. En ella se hacen acusaciones graves: favoritismo, tasas alarmantes de burn-out, precariedad generalizada para los contratistas… Y sobre todo una crítica directa: el BCE se ha convertido en una “fortaleza jurídica incontrolable“.
¿La razón? La voluntad de la dirección de obligar a los representantes electos del personal a dedicar parte de su tiempo a sus funciones originales, en lugar de ejercer su cargo sindical a tiempo completo, como normalmente permite la legislación alemana.
Pero aquí está el problema: el BCE, siendo una institución extraterritorial, no está sujeto a esta legislación. Un vacío legal que irrita profundamente a los representantes sindicales y los lleva a hablar de un “empleador-legislador“, juez y parte, capaz de aplastar toda oposición.
Un sistema bloqueado… y cuestionado desde adentro
El comité de personal no está solo en levantar la voz de alarma. Una investigación interna realizada por el sindicato Ipso revela una desconfianza generalizada: el 77 % de los empleados consideran que la “red” prima sobre la competencia para avanzar dentro del BCE. Solo el 19 % cree que los mejores elementos son promovidos efectivamente.
Esta percepción de un sistema cerrado, opaco y dominado por lógicas políticas en lugar de meritocráticas alimenta la ira. Y debilita, de paso, la credibilidad de Lagarde en la escena europea, ella que recientemente consideraba el estado de derecho como “un importante activo comparativo de Europa“.
El BCE se defiende… pero no convence
En un comunicado, el banco central intenta calmar las aguas: afirma que sus reglas internas están alineadas con la legislación europea y están sujetas al control del Tribunal de Justicia de la UE. Recuerda que ha ganado la mayoría de los litigios llevados ante esta jurisdicción. Pero esto ya no es suficiente para calmar las críticas.
La reforma propuesta por el BCE, a implementarse para mediados de 2026, tendría como objetivo “acercar a los representantes del personal a las realidades de sus funciones y a la misión pública de la institución“. Una justificación que muchos consideran cínica.
Una prueba social… y política
El BCE, guardián del euro, se enfrenta a una crisis mucho más política de lo que parece. El discreto apoyo de grandes sindicatos europeos como Verdi y l’EPSU a los representantes en cuestión muestra que el asunto va más allá de las paredes de Frankfurt.
En un momento en que la inflación disminuye y las decisiones del BCE son escrutadas de cerca por los mercados, este malestar interno se convierte en un tema de gobernanza. Y plantea una pregunta incómoda: ¿se puede seguir confiando en una institución que pide reformas a Europa… al tiempo que silencia sus propias voces disidentes?
