No es de extrañar lo que está en juego en el uso de las criptomonedas. Una investigación de The Intercept recuerda con crudeza la intrusión del gobierno en el campo. De hecho, Coinbase está vendiendo un conjunto de funciones a una división del gobierno estadounidense, ICE, para rastrear e identificar a los usuarios de criptomonedas.
El acuerdo entre Coinbase y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se remonta a agosto de 2021. La empresa estadounidense vendió una licencia de software de análisis a ICE por sólo 29.000 dólares, antes de repetir la operación al mes siguiente vendiendo otro software por valor de 1,36 millones de dólares. En el momento del anuncio de esta colaboración, había mucha opacidad sobre el alcance de la misma.
Esta colaboración no es de extrañar, dadas las recientes declaraciones del vicepresidente de Coinbase, John Kothanek, cuando compareció ante una comisión del Congreso estadounidense. Declaró la voluntad de su empresa de unir fuerzas con el gobierno estadounidense para luchar contra las actividades delictivas e ilegales.
Así, en un tono que habla directamente a los potenciales delincuentes, explica que “si eres un ciberdelincuente y usas criptodivisas, vas a tener un mal día. Vamos a perseguirte y vamos a encontrar el dinero. Finalmente, con suerte, vamos a ayudar al gobierno a incautar ese cripto.
El gobierno de EE.UU. obtiene acceso a herramientas de vigilancia mediante la compra de Coinbase Tracer
Jack Poulson, director del grupo de vigilancia Tech Inquiry, recuperó información más específica en un documento contractual que revela más sobre la vigilancia realizada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Por ejemplo, ICE ha comprado la explotación del software Coinbase Tracer, antes conocido como Coinbase Analytics. Este producto proporciona al gobierno estadounidense acceso a varias funciones de investigación digital que son esenciales para rastrear con precisión las transacciones en la cadena de bloques.
Coinbase comercializa su software Tracer para ayudar a investigar el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas. Tracer permite “la investigación de actividades ilegales, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al ofrecer la posibilidad de vincular los monederos digitales con entidades del mundo real”.
En términos prácticos, las funciones de análisis permiten al ICE tener una visión clara y completa de ciertas transferencias de criptomonedas sospechosas. De este modo, el gobierno de EE.UU. puede realizar “la desmezcla de transacciones y el análisis de las transacciones protegidas”. Por último, el acuerdo de usuario permitiría al gobierno estadounidense acceder a “datos históricos de seguimiento geográfico”.
Una pregunta sobre los límites impuestos a los CIE en el uso de estas herramientas
Como parte del acuerdo, ICE puede ahora rastrear las transacciones realizadas a través de casi una docena de criptomonedas, incluyendo las más populares del mercado como Bitcoin, Ethereum o USDT.
Esta capacidad parece ser peligrosa para la libertad de los usuarios de Coinbase. El principal problema es que, según un correo electrónico publicado como parte de una solicitud de la FOIA, el contrato entre ICE y Coinbase no incluye un acuerdo de licencia de usuario final.
El acuerdo de licencia de usuario final es fundamental, ya que delimita el alcance del uso del software por parte del cesionario. Dada la ausencia de dicho documento, cabe pensar que la vigilancia del ICE no se limita a las actividades ilegales, sino que se extiende a las transacciones realizadas por todos los usuarios de Coinbase.
La portavoz de Coinbase, Natasha LaBranche, quiere desmentir esta afirmación. Dice que “CoinBase Tracer obtiene su información de fuentes públicas y no utiliza los datos de los usuarios de Coinbase”. Aunque no es tranquilizador sobre el uso del software por parte de ICE, este comentario podría implicar que la herramienta permite el seguimiento de las transacciones realizadas a nivel global en la blockchain.
El acuerdo entre Coinbase e ICE es preocupante para los usuarios. La imposibilidad de ver los límites del uso de este software hace imposible evaluar cuánta vigilancia está realizando realmente el gobierno estadounidense.
En cualquier caso, esta historia recuerda mucho a las revelaciones realizadas por Edward Snowden en 2013, cuando desveló la vigilancia masiva realizada por la NSA a ciudadanos de todo el mundo.
