Funcionarios coreanos deberán divulgar sus criptomonedas

Los altos funcionarios de Corea obligados a divulgar sus criptomonedas:

  • Corea del Sur exigirá la divulgación de los activos en criptomonedas de los altos funcionarios a partir de 2024.
  • Aproximadamente 5,800 funcionarios se verán afectados por esta medida.
  • Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la ética dentro del gobierno.

Nueva política para los altos funcionarios surcoreanos

A partir de 2024, Corea del Sur implementará una política que exige que los altos funcionarios del país divulguen públicamente sus activos en criptomonedas.

Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Gestión del Personal, forma parte de la iniciativa “Ética Pública y Transparencia” del gobierno. En total, alrededor de 5,800 funcionarios deberán declarar sus activos en criptomonedas, a los cuales los ciudadanos tendrán acceso público.

Se espera que la transparencia del servicio público se fortalezca aún más mediante la implementación de un servicio integrado de divulgación pública y el registro de activos virtuales

– declaró el gobierno surcoreano

Esta medida se produce después de la adopción de dos proyectos de ley en mayo, que incorporan activos criptográficos en las declaraciones anuales de patrimonio exigidas a los legisladores y altos funcionarios. El objetivo es aumentar la transparencia y la integridad del servicio público.

Un sistema diseñado para facilitar la divulgación de los activos

Para facilitar esta divulgación, cinco principales bolsas de criptomonedas de Corea del Sur, incluyendo Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax, desarrollarán sistemas de información específicos antes de junio de 2024.

Concretamente, estos sistemas simplificarán el registro de la información relacionada con los activos en criptomonedas. Esta iniciativa surge después de un incidente en el que un miembro del Partido Democrático, Kim Nam-kuk, fue criticado por poseer tokens Wemix con un valor de 4.5 millones de dólares.

De hecho, este incidente ha generado preocupación por los conflictos de intereses y el uso de información privilegiada, lo que ha llevado a la modificación de la “Ley de la Asamblea Nacional y la Ley de Ética del Servicio Público”, que ordena a los funcionarios divulgar sus criptomonedas.

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