El DOJ afirma que “escribir código sin intención criminal no es un crimen”, marcando un cambio con la política represiva que solía apuntar indiscriminadamente a desarrolladores, protocolos y usuarios de criptomonedas.
Una respuesta directa a la situación de Tornado Cash
Esta declaración llega después de la condena de Roman Storm (Tornado Cash) y establece que un desarrollador que publique código abierto descentralizado y no custodial ya no podrá ser perseguido por la mera redacción de software.
El cambio refleja un giro político con la administración de Trump: el DOJ recuerda que la regulación es responsabilidad de las autoridades supervisoras, no de los fiscales, lo que devuelve la legitimidad a los proyectos DeFi y de código abierto.
“Escribir código sin intención criminal no es un crimen” (DOJ) marca un cambio importante en la relación entre Washington y la industria cripto. Después de años de represión que apuntaban indiscriminadamente a protocolos, desarrolladores y usuarios, la nueva administración estadounidense parece querer establecer una línea clara: codificar no es ilegal, pero usar ese código con fines criminales sí lo es.
Una respuesta directa a la situación de Tornado Cash
Esta declaración llega después de la condena de Roman Storm (Tornado Cash) y establece que un desarrollador que publique código abierto descentralizado y no custodial ya no podrá ser perseguido por la mera redacción de software.
La frontera entre innovación y crimen
Es importante tener en cuenta que el DOJ no está levantando todas las barreras. Galeotti lo ha reiterado, seguirán los procesamientos contra aquellos que usen o diseñen herramientas con una clara intención criminal, ya sea para lavado de dinero, fraudes o evasión de sanciones. El nuevo enfoque no da carta blanca a los actores del sector, sino que finalmente establece una línea divisoria entre la innovación y la complicidad.
Roman Storm acaba de ser condenado precisamente sobre esta base. Hacer justicia implica abandonar el caso.
Un cambio político asumido
Este reposicionamiento no es casualidad. Bajo la administración de Biden, el DOJ intensificó sus ataques, adoptando una estrategia punitiva frente a las criptomonedas. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la postura ha cambiado radicalmente. El departamento emitió un memo interno recordando que no tiene la intención de establecer nuevos marcos regulatorios a través de procesamientos penales: esa tarea es de los reguladores, no de los fiscales.
Impacto para el ecosistema
Para la industria, este cambio tiene importantes consecuencias. Concede un espacio vital a los desarrolladores, proyectos de código abierto y protocolos DeFi, cuyo crecimiento se basaba en un área legal difusa. También podría influir en los mercados: un ambiente judicial más tranquilo fomenta la inversión, reduce el riesgo percibido y consolida la legitimidad de proyectos verdaderamente descentralizados.
En última instancia, este discurso representa una batalla central: definir la línea entre la innovación tecnológica y la complicidad criminal. En agosto de 2025, el DOJ ha tomado su posición, y esta vez, el código parece recuperar su libertad, al menos en palabras…
