USAID podría ser reestructurada para incorporar blockchain en sus procesos de contratación con el fin de fortalecer la transparencia y alinear la ayuda internacional con los intereses estadounidenses.
El proyecto, inspirado en el grupo DOGE liderado por Elon Musk, propone rastrear cada distribución de fondos a través de un registro digital, aunque los detalles técnicos aún no están claros en este momento.
La reforma también incluye un enfoque geopolítico de la agencia, una reducción de misiones consideradas ineficientes y una mayor integración con el Departamento de Estado, a pesar de las posibles resistencias legales y políticas.
Una propuesta controvertida llevada a cabo por ex funcionarios de la administración Trump
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) podría experimentar una transformación profunda, tanto estratégica como tecnológica. Según un documento interno obtenido por Politico, antiguos funcionarios de la administración Trump proponen cambiar el nombre de la agencia e incorporar la tecnología blockchain a su proceso de contratación. El objetivo declarado es fortalecer la transparencia, racionalizar los gastos y alinear aún más la ayuda internacional con los intereses nacionales de Estados Unidos.
Este proyecto sigue las recomendaciones del grupo DOGE, una célula de eficiencia gubernamental dirigida por Elon Musk. Este mismo grupo recientemente propuso importantes recortes presupuestarios dentro de la USAID, denunciando una institución considerada ineficiente, demasiado politizada y despilfarradora en proyectos como iniciativas para la diversidad o promoción turística en el extranjero.
Blockchain y ayuda internacional: una alianza sin precedentes
El documento menciona una reforma de los procesos de abastecimiento basada en la blockchain. Cada distribución de fondos sería rastreada a través de un registro digital inmutable, para asegurar un nivel de transparencia y trazabilidad sin precedentes. Según sus autores, esta innovación permitiría fomentar la eficiencia de los socios de implementación y reorientar los programas hacia resultados concretos en lugar de simples indicadores de actividad.
Aún no se han especificado detalles técnicos: la naturaleza del registro (público, privado o híbrido) sigue siendo indeterminada, así como las modalidades de integración en los sistemas federales. Pero este enfoque se hace eco de las discusiones que ya ha iniciado el grupo DOGE, que en enero se reunió con varios proveedores de blockchain para explorar usos como la gestión de pagos, el seguimiento de gastos federales y la administración de edificios públicos.
Una reestructuración con implicaciones geopolíticas
Más allá de la tecnología, el proyecto prevé una reorganización completa de la agencia. Renombrada como “U.S. Agency for International Humanitarian Assistance” (IHA), se centraría en misiones clave como la salud mundial, la seguridad alimentaria y la respuesta a desastres. Integrada directamente en el Departamento de Estado, esta versión reducida de la USAID se concibe para competir de manera más efectiva con la creciente influencia de China en regiones estratégicas.
Los redactores del proyecto critican el enfoque actual, considerado “ineficiente y fragmentado”, y abogan por el fin de los programas de duración indefinida. Las acciones de desarrollo ahora deberían basarse en indicadores de impacto medibles, con plazos claros. En este sentido, las iniciativas percibidas como orientadas políticamente también serían transferidas al Departamento de Estado, bajo un control más directo del ejecutivo.
Resistencias jurídicas e incertidumbres políticas
Esta iniciativa se produce en un contexto de tensiones recurrentes en torno a la USAID. Bajo la administración Trump anterior, se intentaron congelar fondos y reducir personal, pero un juez federal bloqueó esas medidas. Si bien algunos ven esta reforma como una oportunidad de modernización, otros temen que debilite la capacidad humanitaria de Estados Unidos y comprometa su influencia global.
En este momento, el proyecto es solo una propuesta. No se ha confirmado ninguna validación oficial, ni por parte del Secretario de Estado Marco Rubio ni por otros funcionarios del equipo Trump. Además, su implementación efectiva requeriría la aprobación del Congreso para ciertas disposiciones.
