Francia, primera economía de la UE en aceptar solicitudes de licencias bajo la reglamentación MiCA
La Francia se ha convertido en la primera gran economía de la Unión Europea en aceptar solicitudes de licencias para proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), de acuerdo con la regulación MiCA.
La Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) ha anunciado el comienzo de la aceptación de solicitudes de licencias el 1 de julio.
Implementación de la reglamentación MiCA
A seis meses de la entrada en aplicación de las disposiciones relacionadas con los servicios de criptoactivos del reglamento europeo MiCA, a partir del 1 de julio de 2024 es posible presentar una solicitud de autorización ante la Autoridad de los Mercados Financieros para convertirse en proveedor de servicios de criptoactivos.
AMF
La regulación de los mercados de criptoactivos, MiCA, de la UE se espera que entre en vigencia para diciembre, con las empresas debiendo obtener una licencia bajo esta regulación antes de julio de 2026 para continuar ofreciendo sus servicios en la UE.
La AMF ha destacado diez aspectos de esta legislación que se aplicarán a partir del 30 de diciembre. Entre estos aspectos se incluyen la custodia y administración de los criptoactivos en nombre de los clientes, así como la operación de una plataforma de intercambio de criptoactivos.
Historial de la recepción de empresas cripto por parte de la AMF
A los ojos de nuestros colegas en Ultramar, la AMF ya ha mostrado una recepción favorable a las empresas cripto en el pasado. En mayo del año pasado, ya tenía registradas 74 empresas bajo su propio régimen.
Este movimiento anticipado coloca a Francia por delante de otras grandes economías de la UE como Alemania, Italia y España, que aún no han anunciado oficialmente su proceso de registro para las licencias MiCA.
Importancia de la licencia CASP / VASP
Las empresas que deseen ofrecer servicios en la UE después de julio de 2026 deberán obtener una licencia CASP de acuerdo con los requisitos de MiCA. Este paso es crucial para asegurar que las empresas cumplan con las nuevas normas de regulación y sigan operando de manera legal en la UE.
