Elon Musk defiende la privacidad digital ante la Corte Suprema en una lucha contra el IRS
La plataforma X, propiedad de Elon Musk, ha tomado oficialmente posición en un explosivo caso judicial que enfrenta a un ciudadano estadounidense con el IRS (Servicio de Impuestos Internos).En una declaración presentada el viernes ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la empresa X Corp. pide poner fin a las prácticas de “subpoenas sin sospecha”, que permiten a las autoridades fiscales exigir datos financieros de miles de usuarios sin justificación individualizada.
Una intervención inesperada de Elon Musk en la defensa de la privacidad digital
El caso se remonta a una demanda presentada por James Harper, uno de los 14,000 clientes de Coinbase afectados en 2017 por una solicitud de datos del IRS. Sin motivo ni orden judicial, la agencia tributaria obtuvo tres años completos de historial de transacciones, lo cual Harper ha estado impugnando desde 2020 como una violación directa de sus derechos constitucionales.
Una coalición contra las prácticas intrusivas del Estado
X Corp. no está sola en esta iniciativa: siete entidades más, incluyendo investigadores y organizaciones defensoras de las libertades digitales, han firmado conjuntamente. Juntos afirman que estas solicitudes masivas violan la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege a los ciudadanos contra búsquedas y confiscaciones arbitrarias.
La Corte Suprema toma partido
El lunes, la Corte Suprema pidió al gobierno federal que respondiera oficialmente a estas acusaciones, lo cual indica que el tribunal supremo del país toma en serio este caso. Este desarrollo abre paso a un importante debate jurídico sobre los límites de la vigilancia estatal en el ámbito cripto y, más ampliamente, sobre los derechos fundamentales de los usuarios en la era digital.
Para Elon Musk, esta intervención se ajusta a una postura ideológica coherente. Desde que adquirió X (anteriormente Twitter), se ha posicionado como defensor acérrimo de la libertad de expresión y de la soberanía digital. Al aliarse con grupos civiles en esta batalla legal, refuerza su estrategia de confrontación directa con las entidades federales, a la vez que establece un hito en el frágil equilibrio entre la seguridad fiscal y la privacidad de los ciudadanos.
