El Salvador modifica su ley de Bitcoin para cumplir con los requisitos del FMI y obtener un financiamiento de 1.4 mil millones de dólares
El Congreso salvadoreño ha aprobado una ley que revisa la estrategia de adopción de Bitcoin del país en respuesta a los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta reforma se realiza en el marco de un acuerdo de financiamiento de 1.4 mil millones de dólares firmado con la institución para respaldar la economía nacional y cubrir su déficit de pagos.
Se fortalecerá la transparencia, la regulación y la supervisión de los activos digitales para preservar la estabilidad financiera, la protección de los consumidores y los inversores y la integridad financiera.
De la obligación a la libertad de adopción
Uno de los cambios importantes introducidos por esta ley tiene que ver con la aceptación de Bitcoin por parte de las empresas salvadoreñas. Mientras que la regulación inicial obligaba a los comerciantes a aceptar la criptomoneda como medio de pago, la nueva legislación ahora la hace opcional. Esta medida tiene como objetivo tranquilizar a las instituciones financieras internacionales y facilitar la integración de Bitcoin en la economía local.
Una adopción de Bitcoin a medias
Desde que El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país en reconocer al Bitcoin como moneda legal, los resultados han sido mixtos. Si bien el gobierno de Nayib Bukele ha promovido la criptomoneda como una herramienta de inclusión financiera y una reserva estratégica, la población y las empresas no la han adoptado masivamente. El país actualmente tiene 6,049 BTC, valorados en aproximadamente 636 millones de dólares después de una ganancia latente impresionante, pero su uso en la vida cotidiana sigue siendo limitado por el momento.
Un compromiso con el FMI
El FMI, que ha expresado durante mucho tiempo reservas sobre la política pro Bitcoin de El Salvador, ha exigido ajustes en el marco de su programa de financiamiento. El acuerdo contempla un fortalecimiento de la transparencia, la regulación y la supervisión de los activos digitales para preservar la estabilidad financiera y proteger a los consumidores. Esta evolución marca un punto de inflexión para el gobierno de Bukele, que se ve obligado a flexibilizar su enfoque para beneficiarse del apoyo financiero internacional.
